Otra raya al tigre de la privatización de salud
- 16 oct 2016
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La Plataforma por la Salud y la Vida, conformada mayoritariamente por trabajadores de la salud, rechaza la profundización del proceso de privatización de la salud hecha por la Asamblea Nacional al aprobar la Ley de Medicina Prepagada, respaldada por el Ejecutivo.
Esa Ley que fortalece la intermediación financiera privada de la atención médica, legaliza la precarización del trabajo médico y de las profesiones relacionadas; reduce a una relación contractual individual, el ejercicio del derecho de las personas de este país que pretenden protegerse de las enfermedades y constituye uno de los pasos finales de la destrucción del seguro público de salud.
La Ley fortalece la intermediación financiera privada, porque, con el pretexto de regular la contratación individual, facilita que las empresas de intermediación financiera puedan ser también prestadoras de servicios médicos y porque, con el pretexto de descongestionar los servicios del Seguro Social de Salud del IESS, a través de otra Ley, establece estímulos tributarios a los empresarios que afilien a los trabajadores a seguros privados. Así se explica que la Ley de Medicina Prepagada no diferencie entre empresas que financian y empresas que prestan servicios médicos.
La Ley de Medicina Prepagada legaliza la precarización el trabajo médico, porque legaliza que la intermediación financiera privada condicione mediante contrato individual con los profesionales trabajadores de los servicios médicos su trabajo sometiéndolo a rígidos protocolos que pretenden uniformar el diagnóstico y tratamiento médicos por encima de las condiciones de las personas, del entorno social en que se producen las enfermedades y de la capacidad de resolución de los establecimientos y servicios médicos. A este condicionamiento técnico se suma un pobre reconocimiento económico porque el contrato individual establece el pago por actividad, sin beneficios sociales, sin derechos laborales, sin reclamación, sin afiliación a la seguridad social y sin responsabilidad institucional ante la reclamación por los posibles errores que se puedan producir en la práctica médica.
La intermediación financiera privada de la atención médica reduce el derecho a la salud a un contrato de compra anticipada en el cual limita las opciones de atención a los prestadores contratados por el intermediario financiero; niega todas las variaciones conocidas y desconocidas al diagnóstico y tratamiento; decide que se incluye y que se excluye del contrato; hace todo lo posible para reconocer económicamente lo mínimo para el afiliado.
La Ley de Medicina Prepagada amplía el mercado a la intermediación financiera privada de la atención médica, mediante la Ley de estímulos tributarios a los empresarios que afilien a los trabajadores a un seguro privado de salud, así también se explica los despidos del seguro social de salud del IESS para que esos profesionales sean contratados individualmente por las entidades de intermediación financiera privada de servicios médicos. El Gobierno cierra el círculo de eliminación del seguro público de salud y avanza a la destrucción de la seguridad social del Ecuador.
Este apurado, abrupto, ejercicio de “soberanía” del Gobierno cumple con los condicionamientos para la firma del Convenio de Libre Comercio con la Unión Europea, aunque tenga otro nombre.
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